Siete años después de su huída a Japón, tierra que lo vió nacer, y de haber renunciado vía fax a la presidencia, Alberto Fujimori retornó el pasado sábado a Perú para responder ante los tribunales por 25 asesinatos y cinco cargos de corrupción. El hombre, que se encontró sentado en el sillón presidencial casi sin darse cuenta cómo había llegado ahí y que soñaba con eternizarse en el poder, ahora está recluido en un cuartel de la policía a la espera de ser juzgado.En 1990, el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori pasó, en sólo un mes, de ser un desconocido maestro universitario a convertirse en presidente de Perú, luego de derrotar sorpresivamente al escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori ganó las elecciones de ese año apelando con éxito al rostro nuevo que se enfrentaba a los partidos políticos tradicionales, y con un discurso que cuestionaba la propuesta neoliberal de Vargas Llosa. Pero una vez en el poder, abandonó su mensaje económico y adoptó un duro programa de reformas neoliberales, que incluyó la privatización de empresas públicas, la eliminación de los derechos laborales, despidos y la reducción del nivel de ingresos de los trabajadores. Recibió el apoyo de los empresarios, de la derecha y también de los sectores más pobres y abandonados, especialmente en las zonas rurales, a los que captó con una política clientelista y obras como carreteras o escuelas. Sus partidarios exhiben como sus principales méritos el control de la hiperinflación y la derrota de la subversión armada. Pero en el otro lado de la moneda están el costo social de su programa económico, la gigantesca corrupción de su gobierno, la liquidación de la democracia y las violaciones a los derechos humanos.En abril de 1992 cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y comenzó a gobernar con el apoyo de los militares. Con todo el poder en sus manos, Fujimori cambió la Constitución y se hizo reelegir en 1995 y 2000. Desde el comienzo de su gobierno, Vladimiro Montesinos, un oscuro ex capitán del Ejército relacionado con el narcotráfico y la venta de secretos militares, fue su principal asesor. Montesinos pasó a dirigir los servicios de inteligencia, y desde esa colocación se encargó del trabajo sucio del gobierno fujimorista. Fujimori estaba tan ligado a Montesinos que se mudó con su esposa Susana, de la que luego se divorciaría, y sus cuatro hijos, a vivir en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, donde también vivía su asesor.Montesinos organizó el grupo paramilitar Colina, integrado por miembros en actividad del Ejército, que asesinó supuestos subversivos, dirigentes sociales, periodistas y opositores al gobierno. Precisamente, dos crímenes cometidos por el grupo Colina son los cargos más graves que debe enfrentar Fujimori. En noviembre de 1991, quince personas, entre ellas un niño, que asistían a una fiesta en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, fueron asesinadas por un comando armado. Después se sabría que el múltiple crimen fue cometido por el grupo Colina, al mando del mayor Santiago Martín Rivas. En julio de 1992, el mismo grupo armado ingresó a la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de Lima, secuestró a nueve estudiantes y un profesor y los ejecutó. Los cuerpos fueron quemados y enterrados para ocultarlos. Pero el crimen fue descubierto poco después. El gobierno de Fujimori bloqueó todo intento de investigar las actividades criminales del grupo Colina, y en 1995 dio una amnistía para poner a sus integrantes a salvo de cualquier proceso judicial. Ahora Fujimori deberá responder ante los tribunales por estos dos hechos, que no son los únicos crímenes cometidos por su gobierno, pero que se han convertido en los más emblemáticos de la política de violaciones a los derechos humanos que imperó durante la década fujimorista. Por estos cargos, Fujimori, que tiene 69 años, podría ser condenado a 35 años de prisión según las leyes peruanas, aunque, de acuerdo a la legislación chilena, que según diversos juristas es la que se aplicaría en este caso por haber concedido dicho país la extradición, la condena máxima sería de 20 años. A estos dos casos, podría agregarse un tercer cargo por violaciones a los derechos humanos en el juicio a Fujimori. Perú solicitará a Chile que se amplíe la extradición para juzgar al ex presidente por la ejecución extrajudicial de 42 dirigentes del grupo subversivo Sedero Luminoso, ocurrida en una prisión de Lima en mayo de 1992. Los cinco casos de corrupción por los cuales Fujimori será procesado tienen que ver con la entrega de quince millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos antes de que éste se fugó de Perú el año 2000, cuando el régimen fujimorista se desmoronaba, el pago a propietarios de medios de comunicación para que apoyaran su fraudulenta re-reelección ese mismo año, los sobornos pagados a congresistas para que respaldaran su régimen, el espionaje telefónico que fue una norma durante su gobierno, y el ilegal allanamiento de la casa de su asesor Montesinos para apropiarse de los videos en los que éste había registrado la grotesca corrupción del régimen fujimorista. Precisamente una de esas grabaciones, hechas por el propio Vladimiro Montesinos y conocidas como vladivideos, fue el puntillazo final que terminó con el gobierno de Fujimori y sus sueños de poder eterno. El vladivideo, conocido en septiembre del año 2000, mostraba a Montesinos pagándole un soborno a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas oficialistas. Dos meses después, Fujimori aprovechó un viaje oficial a Brunei para una cita de APEC para irse a Tokio, renunciar a la presidencia por fax y pedir refugio en Japón, amparándose en su nacionalidad japonesa. Japón lo protegió hasta que sorpresivamente Fujimori viajó a Chile en noviembre de 2005 y comenzó el largo proceso de extradición que culminó el pasado viernes. El hombre que admira al dictador Augusto Pinochet, al punto que le gusta que lo llamen Chinochet, estaba seguro que Chile no le daría luz verde a su extradición. Calculaba que si ese país negaba la extradición, esto le serviría como un certificado de inocencia para presionar por su retorno a Perú. Pero sus cálculos fallaron y ahora Fujimori está encarcelado en Perú, aunque en una prisión especialmente acondicionada para él en un cuartel policial, donde goza de comodidades que ningún otro preso del país tiene. Le espera una casi segura condena, dada la contundencia de las pruebas en su contra. Y su movimiento político difícilmente sobrevivirá a esa condena y a la exposición que durante los juicios se hará ante la opinión pública de la corrupción y crímenes cometidos en su gobierno. (fuente: Milenio.com)
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